JERUSALEM ORIENTAL:
EL DESTIERRO
PALESTINO
La Resolución 181 del año 1947 de la Asamblea General de las Naciones Unidas internacionalizó Jerusalén en tanto que entidad independiente [como un “corpus separatum”], administrado por un Consejo de la ONU, decisión todavía vinculante, pero que no se respetó luego. Como tampoco lo fueron otras resoluciones o disposiciones de Derecho Internacional que Israel rechaza al interferir con su ocupación militar. Tal ocupación afecta represivamente a los palestinos del sector este de Jerusalén desde junio de 1967, más aún después desde la sanción, el 30 de julio 1980 de la ley fundamental, por la quLLLLLLe se declara a Jerusalén, “entera y unificada”, como capital de Israel.
Sin embargo, el 30 de junio de 1980, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había adoptado en forma unánime la Resolución 476 [con la sola abstención de los Estados Unidos], declarando que
“Toda medida legislativa y administrativa tomada y las acciones emprendidas por Israel, la Potencia ocupante, susceptibles de alterar el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén carecen de validez legal y constituyen una flagrante violación de la Cuarta Convención de Ginebra”.
Como consecuencia del no-cumplimiento por parte de Israel, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la Resolución 478 [los Estados Unidos nuevamente absteniéndose], “Censurando Israel en los términos más enérgicos” por la promulgación de la Ley de Jerusalén, considerándola como violatoria del derecho internacional, afirmando que el Consejo de Seguridad no la reconoce y solicitando a los Estados miembros a retirar sus misiones diplomáticas de la ciudad.
El Consejo de Seguridad y la Asamblea General reafirmaron su posición de que Jerusalén Este es un territorio ocupado, que la expropiación de sus tierras es ilegal, y que todas las medidas legislativas y administrativas de Israel que alteren el carácter y el estatuto de la ciudad, son nulas de pleno derecho y deben revocarse inmediatamente. Hasta el día de hoy, Israel nunca cumplió, continuando su implacable política de apropiación de tierras, de demolición de hogares, y de expropiaciones, desobedeciendo flagrantemente sus obligaciones en virtud del derecho internacional.
También es ilegal la ocupación en virtud del Reglamento 43 de La Haya, que dispone:
“Habiendo pasado de hecho la autoridad del poder legal a manos del ocupante, éste tomará todas las medidas en (su) poder para restaurar y garantizar, en la medida de lo posible, el orden público y la seguridad, respetando al mismo tiempo las leyes vigentes en el país, salvo impedimento absoluto”.
Por otra parte, sólo están autorizados poderes administrativos de carácter temporario: La soberanía legítima debe restablecerse lo antes posible, nunca puede permanecer por tiempo indeterminado en poder de las fuerzas de ocupación, lo que Israel ha hecho por más de 43 años, impidiendo la restauración del status-quo anterior a la guerra.
El artículo 64 de la Cuarta Convención de Ginebra establece además:
“La legislación penal del territorio ocupado se mantendrá en vigor, con la excepción de que puede ser suspendida por la Potencia ocupante, en lo que constituye una (legítima) amenaza para su seguridad o un obstáculo para la aplicación del presente Convenio...
La Potencia ocupante podrá, sin embargo, imponer a la población del territorio ocupado disposiciones que fueren esenciales para permitir a la Potencia ocupante cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Convenio, para mantener la administración normal del territorio, y para garantizar la seguridad de la Potencia ocupante, de sus miembros y la propiedad de las fuerzas de ocupación o de la administración...”
El ocupante no puede hacer nada que acreciente el deterioro político o económico del territorio que controla ni permitir que el caos social se instale en el mismo por su acción o inacción. Ni tampoco puede privar al público de sus derechos y protecciones bajo las Convenciones de Ginebra o hacer cualquier cosa en violación del derecho internacional humanitario, tales como la imposición de castigos colectivos, traslados forzosos, confiscaciones de propiedad privada. No puede dictar ninguna ley ni imponer medida alguna que viole sus obligaciones legales.
Durante los últimos 43 años, especialmente desde el 30 de julio 1980, Israel ha burlado en forma sistemática y delibera el derecho internacional en Jerusalén Oriental, reprimiendo severamente a los palestinos [protegidos bajo la Cuarta Convención de Ginebra], con la finalidad de desplazarlos.
En su libro de 1999, “Separate and Unequal: The Inside Story of Israeli Rule in East Jerusalem” [Separados y desiguales: La Historia Oculta del Gobierno Israelí de Jerusalén Oriental], el ex asesor de cuestiones árabes de Teddy Kollek, [alcalde de Jerusalén desde 1965 hasta 1993], Amir Cheshin, explicaba la política de Israel:
“Los líderes de Israel han adoptado dos principios básicos en el gobierno de Jerusalén Oriental. El primero era aumentar rápidamente la población judía... El segundo fue impedir el crecimiento de la población árabe y forzar a los residentes árabes a construir sus casas en otros lugares.”
Desde 1967 fue la política israelí vinculante, evidenciada por Akiva Eldar y Nir Hasson de Haaretz en su artículo del 28 de Junio, titulado “Jerusalén master plan: Expansion of Jewish enclaves across the city” [Plan Maestro para Jerusalén: La expansión de enclaves judíos en toda la ciudad], donde decía:
“El Comité de Planeamiento y Construcción Departamental de Jerusalén tiene previsto aprobar un plan maestro sin precedentes que requiere la expansión de los barrios judíos en Jerusalén oriental... La propuesta de la comisión debería codificar la planificación de la política municipal de toda la ciudad, teniendo los objetores un plazo de 60 días para contestarlo. Sin embargo, en esta fase “del proceso de planificación,” rara vez los planes sufren cambios, su aprobación es “un hecho consumado”, independientemente de las críticas que se expresen.
En gestación durante largos años, los arquitectos han estado trabajando en él durante más de una década para sustituir un plan anterior de 1959, ocho años antes de la Guerra de los Seis Días. Una vez aprobado, seguiría una acelerada demolición de casas palestinas y expropiaciones. Habiendo Al Jazeera difundido el 22 de junio que 22 casas del vecindario de Silwan serán reemplazadas por un nuevo centro turístico, el intendente de Jerusalén Nir Barkat anunció, que pendiente la aprobación final, los residentes de Silwan manifestaban que “era la vía rápida de la judaización de la ciudad”, lo que impediría que alguna vez Jerusalén pueda ser una ciudad compartida y en consecuencia nunca la capital de un Estado Palestino. Esto en sí mismo excluye la paz.
Funcionarios israelíes dijeron que las 88 casas de Silwan eran ilegales. Unas 66 restantes pueden solicitar permisos de construcción con carácter retroactivo, pero bajo un proceso de aprobación kafkaiano. Todas pueden ser demolidas, sustituidas por parques, espacios abiertos, restaurantes, hoteles boutiques y por viviendas exclusivamente judías, 70 familias judías ya viven en Silwan. Otros seguirán el mismo patrón aplicado de manera repetida en toda la ciudad: Los palestinos desplazados, sus hogares demolidos y los terrenos expropiadas para convertir toda Jerusalén en una ciudad exclusivamente judía, en violación del Derecho Internacional, la Cuarta Convención de Ginebra prohibiendo la destrucción de propiedad y la apropiación de tierras en los territorios ocupados
El 26 de junio, el “Palestine Monitor” informaba que:
“Cientos de israelíes se unieron a los palestinos y a militantes por la paz internacionales en las calles de Silwan manifestando contra la decisión de destruir hogares palestinos, una histórica muestra de apoyo...”
Muestra de apoyo que no conducirá a resultados mejores que otras oposiciones a precedentes planes israelíes durante la última década, que no impidieron 900 demoliciones que desplazaron palestinos.
Durante junio de 2009, el Comité Israelí contra la Demolición de Casas (ICAHD) informó acerca de miles de demoliciones [unas 24.145 estimadas en la Margen Occidental, en Jerusalén Oriental y en Gaza desde 1967]; sólo durante la operación Plomo Fundido unas 4.247, otras tienen lugar periódicamente. Todas ilegales según el derecho internacional, derecho que Israel desdeña y rechaza, a pesar de que es signatario de muchas Convenciones, en particular de los acuerdos de Ginebra.
Bajo su política de expropiación ilegal, B’Tselem [1] informó que:
“El gobierno israelí ha asfixiado el desarrollo y la construcción palestina....” En junio de 1967, se anexaron cerca de 18.000 acres en Jerusalén Oriental y en la margen occidental, incorporándolos dentro de las fronteras de Jerusalén, más de un tercio expropiadas, la mayor parte propiedades de árabes. Luego fueron utilizadas para miles de viviendas “sólo judías”, ninguna para los palestinos de la ciudad.
“La municipalidad de Jerusalén no estableció directivas generales para los territorios palestinos. Los pocos planes aprobados... fueron principalmente ingeniados para impedir nuevas edificaciones declarando amplias extensiones de territorio como “zonas verdes”, prohibiendo la construcción. En general, el Ayuntamiento hace cumplir las regulaciones de construcción con “mucho más rigor” a los palestinos que a los judíos “pese a que el número de infracciones es mucho mayor en los barrios judíos.”
El “Urbanismo Agresivo en Jerusalén Oriental: La Coalición Cívica para la Defensa de los Derechos Palestinos en Jerusalén (CCDPRJ) es una organización no gubernamental sin fines de lucro “dedicada a la protección y promoción de los derechos de los palestinos en Jerusalén”. En diciembre de 2009, publicó un informe titulado “Urbanismo Agresivo: planificación urbana y el desplazamiento de palestinos al interior y desde la Jerusalén Oriental ocupada.
Desde 1967, Israel ha implementado sistemáticas demoliciones de casas, expropiaciones y una política de desplazamientos ilegal que afecta a miles de residentes palestinos con el pretexto de que se trataban de “construcciones no autorizadas”. Esto con la finalidad de lograr un “equilibrio demográfico” que consolide el control israelí de la ciudad, y pasar luego al nivel siguiente: la “judaización” de toda Jerusalén para volverla exclusivamente judía.
Para lograrlo, la Municipalidad de Jerusalén y el Ministerio del Interior han “proyectado, aprobado y aplicado rigurosamente una serie de leyes discriminatorias, de políticas y prácticas que en su conjunto constituyen el sistema de planificación israelí para Jerusalén Oriental ocupado, autorizando la confiscación de tierras palestinas, restringiendo la construcción en el territorio restante, reduciendo la densidad de la edificación, e imponiendo un sistema kafkaiano de gestión de permisos de construcción, todo con el efecto de privar de derechos a los palestinos en su propia tierra, imponerles severas privaciones, forzándolos a desplazarse y a perder aún más, incluyendo permisos de residencia que les permitan volver.
Sin el permiso de Israel, los que construyen casas nuevas o amplían las existentes arriesgan la demolición, multas, y el desplazamiento, un proceso ostensiblemente ilegal. Sin embargo, la autoridad municipal “determina dónde y cuándo los palestinos puedan construir”, así también como la manera de realizarlo en el marco de la Ley Israelí de Construcción de 1965. Suministra así “un tenue velo de legitimidad” al mismo tiempo que niega sistemáticamente los permisos, prohíbe la construcción, y demuele viviendas ilegalmente.
Esta ley y otras, así como las políticas oficiales constituyen el sistema de planificación discriminatorio e ilegal de Israel, implementado sin piedad en contra los palestinos, a quienes no se les da otro recurso que el de objeción, la que a su vez es casi siempre desestimada. Como resultado, enfrentan una aguda crisis de vivienda, con su derecho a vivir libremente en sus tierras negado y se ven forzados a mudarse o a construir sin permiso, arriesgando la recriminación y el despojo.
Amir Cheshin se explaya más sobre su experiencia bajo Teddy Kollek manifestando que:
“Israel ha transformado la planificación urbana en una herramienta en manos del Gobierno cuyo objetivo es impedir la propagación de la población no-judía de la ciudad. Esta era (y sigue siendo) una política cruel, aunque más no sea por el hecho de que no tiene en cuenta las necesidades (y derechos) de los residentes palestinos. Israel concibió esta política estricta de planificación urbana como una manera de restringir la cantidad de nuevas viviendas en los barrios palestinos (sic), y asegurarse así de que el porcentaje de palestinos residentes en la ciudad - 28,8% en 1967 - no se incremente.”
“Si permitimos que “demasiadas” nuevas viviendas se construyan en los barrios palestinos, esto significa “demasiados” residentes palestinos en la ciudad. La idea es implantar la mayor cantidad posible de residentes judíos en la Jerusalén Oriental ocupada y desplazar la mayor cantidad posible de palestinos fuera de la ciudad al mismo tiempo. La política de vivienda en Jerusalén Oriental ocupada se ha focalizado en este juego de números.”
De esta manera, se burla el derecho internacional, se niega a los palestinos sus legítimos derechos, se instaura represión y violencia bajo la ocupación, lo que hace de Israel un Estado delincuente bajo gobiernos sin ley, profanadores de principios democráticos, de los derechos humanos, de las libertades civiles, de la imparcialidad judicial, y de las libertades fundamentales. Estas se garantizan únicamente a los Judíos de la manera como Israel ha sido desde siempre gobernado.
Nicolás Kozameh
opinionsocialistatucuman@gmail.com
Tucumán
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